El día viernes 14 de julio de 2006, los parlamentarios que concurrieron a Cuba en misión oficial brindaron su informe al Parlamento. Los representantes José Carlos Cardoso, Homero Viera y Richard Charamelo, según el Literal P, del artículo 104 del Reglamento, informaron de las reuniones realizadas en la ciudad de La Habana, República de Cuba, los días 26 y 27 de junio de 2006, ante la Comisión De Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento Latinoamericano. La delegación parlamentaria uruguaya que asistió a la reunión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento Latinoamericano, -en La Habana (Cuba) los días 26 y 27 de junio pasados, estaba integrada por José Carlos Cardoso representante por Rocha, Homero Viera representante por Colonia y Richard Charamelo representante por Canelones. En la reunión se consideran varios temas entre ellos el tema 1: Transgénicos: Manipulación, transporte, en base e identificación. Realizaron ponencias los Senadores José A. Castro, de México, Richard Charamelo de Uruguay. En las Conclusiones, los reunidos dispusieron que Tema 1 (Transgenicos9, proseguir con la discusión en la próxima sesión por considerar que es asunto, complejo y controvertido, con avances diferenciados en países miembros del Parlatino. Desde la presidencia se anuncio que este tema se coordinará con académicos y técnicos de FAO. El diputado RICHARD CHARAMELO dijo respecto de la manipulación, transporte, en base e identificación “En la V Reunión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento Latinoamericano, realizada en marzo del corriente año en San Pablo, Brasil, nos referimos a las normas que regulan en el Uruguay la introducción, creación, manipulación y uso de los vegetales genéticamente modificados. En esa instancia, detallamos las principales normas y señalamos que otras posteriores, en particular la Ley Nº 17.283 de 28 de noviembre de 2000, denominada "ley general de protección del medio ambiente", introducía conceptos generales que otorgaban una mayor posibilidad de regulación y control sobre los organismos genéticamente modificados. Un hito que no podemos olvidar, es la firma del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (junio 2001) – aún no ratificado por Uruguay - que apunta a "contribuir a asegurar un nivel adecuado de protección en el campo de la transferencia, manejo y utilización de Organismos Vivos Modificados por la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, tomando también en cuenta los riesgos sobre la salud humana, y específicamente en movimientos transfronterizos". El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD) y el Global Enviromental Facility (GEF), están financiando en Uruguay, como en otros países un Proyecto, denominado "Marco Nacional de Bioseguridad". Este Proyecto fue concebido para ser ejecutado en tres etapas: Actividades preparativas y recolección de la información necesaria para conocer la situación actual de la temática de bioseguridad en el país. Preparación e identificación por parte de los actores relevantes de los componentes del Marco Nacional de Bioseguridad. Elaboración de una propuesta de Marco Nacional de Bioseguridad y validación a través de mecanismos amplios de consulta. Los principales elementos de éste Marco, deberían atender los siguientes aspectos: la propuesta de un sistema regulatorio, un sistema administrativo que sustente al anterior, la propuesta de un sistema de toma de decisiones que considere la evaluación y gestión de riesgos, y mecanismos que aseguren la participación e información del público. Debemos señalar que es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional del Medio Ambiente, la agencia ejecutora del Proyecto. La ejecución contempla el establecimiento de un Comité Nacional de Coordinación. Participan en él, representantes de instituciones y organizaciones con competencias e intereses específicos en aspectos relacionados con los desarrollos de la biotecnología. El Uruguay ha tenido una actitud reactiva frente a la introducción de organismos genéticamente modificados. La primera respuesta verificada fue con relación a la introducción de la soja RR (con tolerancia al herbicida Glifosato), la cual ameritó la creación de una Comisión dentro del ámbito de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que valoró y aprobó la liberación al medio ambiente del evento para su siembra comercial. A partir del año 2000, con la aprobación del Decreto 249, se crea la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados, (como organismo asesor del Poder Ejecutivo), y como primer instrumento específico para el análisis de los potenciales riesgos derivados de la utilización de Organismo Genéticamente Modificados. Hasta la fecha, la Comisión antes mencionada, ha aprobado la liberación de dos eventos de maíz, el MON 810 y Bt11, a los cuales se han incorporado genes que codifican la síntesis de una toxina(proteína Cry) que resulta en un efecto letal específico cuando el barrenador del tallo se alimente con la planta. En lo referente a semillas para siembra y granos para consumo directo o transformación, se han importado los siguientes eventos: Soja CP4, Maíz MON 810 y Maíz Bt11. En el caso de la soja más del 99% de la superficie sembrada corresponde al evento CP4. En la zafra 2004-2005 se sembraron aproximadamente 283.000 hectáreas. De la semilla utilizada un 45% corresponde a semilla importada mientras que el restante 55% del área se utiliza semilla de producción nacional. Con relación a los Maíces MON 810 y Bt 11, que ejercen una alta presión de selección en las poblaciones de insectos, existiendo la probabilidad de aparición de individuos resistentes (tolerantes a la acción de la toxina), se obliga a los productores a instalar cultivos "refugio" con maíz no transgénico en un área mínima correspondiente al 10% de la sembrada en el Organismo Genéticamente Modificado, como parte del Programa de Manejo de Resistencia específica para insectos lepidópteros del maíz. Para el Maíz MON 810, en el año 2003 se sembraron 1150 hás. Con 141 hás. De maíz no transgénico de ciclo similar. En el 2004, se sembraron 19.000 hás. asociadas en unas 1.900 hás. de refugio. De un área total estimada de maíz grano de 64.200 hás. un 29,6% son de MON 810. En lo que refiere al Maíz Bt 11, en el 2004 se sembraron 1700 hás. asociadas con 170 hás. de refugios no transgénicos, lo que significa un 2,65% del área total sembrada con maíz. Ambos eventos representan el 32,35% de la siembra total. En maíz la casi totalidad de los híbridos son importados y en su mayoría provenientes de Argentina. Actualmente en el circuito comercial de semillas en Uruguay existen 36 variedades de soja CPL, 38 híbridos de maíz MON 810 y 8 híbridos de maíz Bt 11. Se han presentado otras solicitudes que se encuentran en trámite, como ser: en Maíz los eventos NK 603, NK 603 x MON 810 y TC 1507; y en Arroz el evento LL RICE 62. En la actualidad, vale la pena reiterarlo, la introducción uso y manipulación de vegetales y sus partes modificados genéticamente, cualquiera sea la forma o el régimen bajo el cual se realicen, sólo de efectuarse previa autorización otorgada por las autoridades competentes. Dichas autorizaciones se considerarán según corresponda para las siguientes aplicaciones: el establecimiento de las condiciones de seguridad para el uso contenido; la realización de pruebas y ensayos a campo o bajo protección, dentro de condiciones específicas de bioseguridad; la evaluación nacional de cultivares; la multiplicación de semillas; la producción o la importación por primera vez con destino al consumo directo o/a la transformación. Para el último ítem las autoridades competentes son el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como así para las aplicaciones no específicamente previstas. Una de las mayores críticas que ha recibido el actual proceso de evaluación de vegetales genéticamente modificados, ha sido la no utilización de la opción de convocatoria a técnicos externos o de otras instituciones científicas, así como también la falta de capacidades técnicas en algunas instituciones participantes en la Comisión de Evaluación de Vegetales Genéticamente Modificados (CERV). Otro aspecto que ha sido criticado y aún no modificado en la falta de recursos presupuestales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, de aquellas vinculadas a la evaluación y gestión del riesgo. A modo de síntesis debemos señalar que existe una gran expectativa por los resultados que arroje el "Proyecto de Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad", aunque los mismos pueden quedar condicionados por la falta de recursos financieros
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