Diputado (PN) Lacalle Pou: el Intendente Carámbula abusó del poder como gobernante y cayó en la ilegalidad
MONTEVIDEO (2188) El diputado (PN) Lacalle Pou dijo que el Intendente de Canelones Marcos Carámbula esta cobrando una tasa que no es legal. (ver video)
La tasa es la que la Comuna Canaria cobra por el cambio de matriculas a los vehículos empadronados en Canelones. Según Lacalle Pou esto no tiene sustento legal pues la norma (Resolución) "no esta promulgada y aun falta que el Tribunal de Cuentas se expida pero ya la están cobrando". (ver fotos)
Lacalle Pou señalo que el Intendente Carambula "el mas importante de todos los canarios, debe salir ante la ciudadanía “y admitir que se equivocó”.
El diputado nacionalista canario llamó ayer a la tarde a conferencia de prensa en el edificio anexo del Parlamento y, acompañado de toda la bancada de ediles aseguro que es una "brutal ilegalidad de la Administración Carambula" el cobro de la tasa por “el cambio de placas matriculas de los vehículos empadronados en el departamento”
"No existe precedente de una acción así en ninguna intendencia del Uruguay". Afirmó.
El diputado opositor explicó que si bien el cobró pasó por la Junta Departamental de Canelones "y fue aprobado solo con los votos de los ediles oficialistas", luego fue enviado al Tribunal de Cuentas que aun no se ha expedido, "pero no se publicó y al otro día ya estaban cobrando".
Dijo que las personas "pagan porque confían en que los gobernantes aplican el derecho sin abusar de él". Sostuvo que aunque el proceso se termine igualmente el cobro esto es "inconstitucional e ilegal".
Lacalle Pou fundó sus dichos en que "el nombre de tasa no es ajustado a derecho. Lo que esta cobrando la administración Carambula es un impuesto, y siendo impuesto necesita una ley -aprobada por el Parlamento- para aplicarlo y como eso no existe, esto que se está haciendo en ilegal".
Explicó que si fuera tasa seria igual de ilegitima pues el costo no guarda relación con lo recibido, -como debe ser- señalando que la placa matricula cuesta mucho menos de lo que vale realmente.
Adelanto que la bancada de sus ediles (lista 400) pedirá en la Junta Departamental la presencia del Intendente para exigir explicaciones del caso.
Finalmente adelantó que impugnará este accionar ante el Parlamento, invocando el art. 303 (*) de la Constitución de la Republica que requiere la firma de 11 ediles o el apoyo de mil ciudadanos.
(*) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
Version 2004
CAPITULO XI
Artículo 303.- Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento. En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios, quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos.
El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.
